Contratistas de CGE quedan con arraigo nacional y firma acusa presiones en detención

La búsqueda de responsables de los incendios que han afectado a la zona centro-sur del país declaró una disputa entre CGE Distribución y el Ministerio Público, que ha escalado desde que el fiscal de la Región de O’Higgins, Emiliano Arias, acusó responsabilidad de la eléctrica en el inicio de algunos de los focos, a raíz de una ineficiente mantención.

Ayer, en la Región del Maule, fueron formalizados siete trabajadores de una empresa contratista de la concesionaria controlada por la española Gas Natural Fenosa, los que -según denunció el Ministerio Público- estaban cortando ramas a orillas del tendido eléctrico, una de las cuales cayó sobre la línea eléctrica provocando las llamas.

“Lamentamos profundamente cómo se ha llevado esta investigación, sin contar con todos los antecedentes, lo que ha generado un daño en la reputación de personas, que sólo dieron cuenta del inicio de un foco de incendio”, dijo CGE en un comunicado.

Los hechos se produjeron el 25 de enero en el sector Cuesta los Elefantes de Llongocura, en Curepto, donde la empresa dice que “no se desarrolló ninguna actividad con empresas contratistas en la fecha referida”.

“Rechazamos la manera en que fueron detenidos los brigadistas de la empresa contratista, quienes acusaron presiones para reconocer acciones que no han cometido y hasta esta hora desconocen y no han tenido acceso a los antecedentes en que se habrían fundado sus detenciones”, agregó CGE.

La compañía añadió que les preocupa que se tomen acciones apresuradas contra contratistas, “afectando incluso sus derechos fundamentales”.

La respuesta del fiscal del Maule, Mauricio Richards, no se hizo esperar, quien explicó que funcionarios de la policía realizaron pericias en el lugar (ver fotografía de la evidencia) y entrevistas a testigos, que dieron cuenta de la cuadrilla que fue formalizada ayer y que quedaron con medidas como arraigo nacional y firma mensual.

“El gerente de la empresa CGE hizo entrega a los funcionarios policiales, de las bitácoras y registros de trabajo que se hicieron en ese lugar y, precisamente, las siete personas que hoy (ayer) fueron objeto de la formalización, estuvieron efectuando trabajos en el sector de cuesta Los Elefantes y sector El Molino”, agregó el fiscal según consignó Emol.

Además, descartó cualquier presión y reconoció que se ha trabajado rápido y quizás se considera que se está actuando de manera apresurada”, pero dijo que la detención estuvo ajustada a derecho.

La participación de las empresas eléctricas en los incendios, ha generado posturas encontradas en la industria. Rodrigo Castillo, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, dijo el miércoles que en otro de los casos donde se investiga a CGE, la línea de transmisión donde se habría originado el foco estuvo energizada por más de tres horas con posterioridad al momento en que se establece el comienzo del incendio, lo que desacreditaría la tesis de responsabilidad

Involucrados arriesgan penas que podrían llegar a presidio perpetuo

Penas que según la tipificación legal podrían llegar hasta presidio perpetuo arriesgan aquellas personas que sean condenadas como responsables de los incendios que han afectado a la zona centro sur del país y cuya responsabilidad está siendo investigada por el Ministerio Público.

La Fiscalía ya ha realizado varias formalizaciones de personas que han sido detectadas en actitudes sospechosas, entre ellos contratistas de la distribuidora CGE.

En ese contexto, el Ministerio Público dio a conocer información en torno a las distintas penas asociadas a los delitos incendiarios, a partir de lo establecido en el Código Penal y la Ley de Bosques.

La primera normativa, en su artículo 268 bis, establece penas que van desde 540 días en su tramo máximo, para el delito de falsa alarma de incendio.

En el caso de ser aprehendido con artefactos, implementos o preparativos conocidamente dispuestos para incendiar, este cuerpo legal fija sanción de presidio desde 61 días a tres años en su grado medio.
Por su parte la segunda norma mencionada, en su artículo 17, establece penas que van desde los 61 días a los tres años de cárcel por emplear fuego contraviniendo el procedimiento establecido, mientras que el artículo 18 fija penas de 60 días de prisión, por el delito de provocar fuego que dañe bosques en zonas rurales.